Es el mercado inmobiliario el primero en caer cuando las cosas empiezan a ir mal en un país y el último en acomodarse cuando las cosas tienen un buen rumbo, como es obvio, las cosas en nuestro amado Perú no están yendo bien para nada.

El 6 de junio del 2021 vimos el país polarizado como muy pocas veces antes, unos festejaban furibundamente el triunfo de un candidato desconocido, lo que hacía creer que sería muy peligroso confiarle los destinos del país y otros gritando sueltos de huesos un supuesto fraude. Han pasado siete meses desde que quien fuera elegido aquel día (Pedro Castillo) asumiera el mando presidencial, con una cantidad enorme de desaciertos, alegando que “está aprendiendo a gobernar”, tal como lo dijera en una entrevista a un medio internacional.

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el sector en que nos desarrollamos? Pues sencillamente mucho; la informalidad, la improvisación, las malas decisiones, un gobierno sin rumbo y populista son factores que afectan mucho al sector inmobiliario justamente debido a la alta sensibilidad de este importante sector en la vida económica del país.

Es el mercado inmobiliario el primero en caer cuando las cosas empiezan a ir mal en un país y el último en acomodarse cuando las cosas tienen un buen rumbo en cualquier nación, como es obvio, las cosas en nuestro amado Perú no están yendo bien para nada: autoridades que poco o nada están capacitadas para dirigir ministerios, prontuarios que parecen pre requisitos para estar a la cabeza de alguna cartera ministerial o simplemente simpatía partidaria son algunas de las joyas que hemos visto en estos siete meses.

Pero lo que me motiva a escribir estas líneas hoy es sumamente preocupante, una noticia disfrazada de buena encubre una serie de peligros inminentes que poco o nada parecen importarle al gobierno de turno y es que un proyecto de ley, que podría ver la luz en los próximos días, señalaría que COFOPRI estaría impulsando una campaña de entrega de títulos de propiedad a inmuebles en todo el país ubicados en probadas zonas de riesgo.

Esta medida tiene un peligroso tono populista y no tomaría en cuenta el peligro que sería entregarle un título de propiedad a inmuebles ubicados en faldas de los cerros, cauces de ríos y cuanta zona peligrosa sea. El panorama es bastante desalentador si se hace un análisis que no amerite mucho esfuerzo: auto construcciones que no guardan en absoluto algún análisis técnico, casas que desafían hasta la gravedad y es que a la autoridad (in)competente no se le ocurrió mejor idea que prometer títulos de propiedad a las personas que tengan posesión de lotes que presente un riesgo mitigable sin que previamente sea exigible la implementación de las recomendaciones en los informes de análisis de riesgo correspondientes.

Esto no queda ahí pues se señala que una vez que la autoridad emita los informes donde se haya identificado un riesgo mitigable no se exige su previa ejecución, sólo bastaría con informar a los posesionarios de la existencia de dicho riesgo, dejando al poseedor del predio asumir los riesgos solamente firmando un acta de compromiso.

Esto es sumamente grave pues el gobierno estaría apuntando a entregar los títulos de propiedad prometidos en zonas donde se presentan riesgos mitigables y dejando la responsabilidad de lo que pudiera suceder en caso de sismo, huayco o cualquier desastre natural a los posesionarios de dichos predios; esto es demasiado parecido a lo sucedido con Venezuela y eso no puede ser casualidad.

Lourdes Giusti, representante del Colegio de Arquitectos del Perú señaló que dicho ente se encuentra en total desacuerdo con dicha iniciativa, Giusti dijo que “cómo puede ser posible que se pretenda trasladar la responsabilidad que tiene el gobierno, las municipalidades, los gobiernos locales, Ministerio de Vivienda, etc a los pobladores”.

Es obvio que ante tal ofrecimiento los poseedores podrían firmar dicha acta sin ningún reparo, pues la necesidad de tener una casa propia “con todo lo que la ley contempla” será muy bien recibido por parte de la población. Dicha iniciativa tiene un peligroso tinte populista incluso trasladando la responsabilidad penal de los traficantes de tierras al ciudadano.

Esperemos que esta iniciativa no prospere, pues de lo contrario estaríamos ante un panorama sumamente peligroso. Realmente esperar que las autoridades que hoy nos gobiernan piensen un poco realmente en el pueblo que tanto mencionan es un poco iluso y soñador, pero la esperanza siempre será lo último que se pierda.

Autor: Angel Strat

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